La demanda por calumnia e injuria contra el columnista Alfredo Molano busca obtener una jurisprudencia que restablezca el delito de opinión en Colombia. Detrás de una condena a Molano hay una mordaza, y no será una mordaza solamente para él.
Molano es capaz de reunir fragmentos de noticias, aportar antecedentes y contextos y anticipar hechos. Nos ilumina, en la estremecedora realidad de la guerra colombiana. Nos ayuda a entender. Su valor civil es nuestro ejemplo. Por eso este blog.
Expresar libremente sus opiniones sólo tiene el límite impuesto por la actitud responsable de quien opina. El error que cometieron estos novatos fue creer que Alfredo Molano es un irresponsable. Tal vez no han leído ninguno de sus libros, ni se percataron de esa minuciosa hormiga que es como investigador. Describir la endogamia política y el nepotismo no es un delito sino que, por el contrario, previene el delito y fortalece la madurez ciudadana, escribe la periodista María Teresa Herrán en su columna “Escarbando” del diario bogotano El Espectador.
La opinión no necesita pruebas. El periodismo investigativo está obligado a mostrarlas, asunto complicado cuando no hay garantías para las fuentes, mientras los poderosos investigados combinan colectivamente elecciones con negocios, corrupción, crímenes y despojo.
En Colombia la información investigada está en las principales columnas de opinión y en los libros.
La opinión y los libros siguen siendo vistos en el mundo como altares de libertad, y por eso en este país se habían atrevido menos contra ellos. El juicio contra Alfredo Molano por una columna en El Espectador está llegando a su fin. Contexto para un fallo, por Constanza Vieira.
Molano cometió la valentía de señalar un apellido. Puso el pecho descubierto a la jauría de abogados de unos notables concretos. Se dejó señalar como chivo expiatorio, se ofreció de redentor como Cristo, y está siendo crucificado. Uno de sus lectores dio en el clavo: "Molano se quedó corto en apellidos". Y pidió que "se repitan molanos por las cuatro esquinas de Colombia".
El columnista acusado es una leyenda en tanto narrador del país profundo, de sus selvas, ríos y trochas. Es probable, así, que pueda allegar pruebas de sus afirmaciones ante los jueces. Lo que es dudoso es que esas pruebas sean científicas y capaces de derrotar el leguleyismo con que se maneja este país santanderista.
Haga click para leer la columna de Arturo Guerrero, publicada en el diario El Colombiano el 27 de enero de 2010.
Ocho miembros del Parlamento Europeo enviaron una carta al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, Augusto Ibáñez, en la que expresan "honda preocupación por la persecución judicial" contra el sociólogo y periodista colombiano Alfredo Molano.
Los europarlamentarios solicitan, por intermedio del magistrado Ibáñez, que la justicia no presione a los periodistas y que se garantice la libertad de expresión en Colombia.
"No nos permitiríamos dirigirnos a Usted", expresan los políticos europeos, "si no fuera por la multiplicación de casos de persecución contra los periodistas que expresan opiniones críticas" en Colombia. Haga click para leer la información completa
A propósito del juicio penal por calumnia e injuria contra el sociólogo y periodista Alfredo Molano, la Coordinadora Belga por Colombia (Coordination Belge pour la Colombie, CBC), lanzó hoy una alerta a la comunidad internacional sobre el peligro de que la opinión sea declarada como delito en Colombia, y que los periodistas críticos, “ya de por sí censurados y perseguidos por instituciones gubernamentales y por grupos paramilitares, narcotraficantes y guerrilleros, sean silenciados a través de una sentencia judicial”.
La CBC solicita “a la comunidad internacional que ponga sus ojos sobre esta nueva amenaza que planea sobre el derecho de opinar que tienen todos los ciudadanos en los países democráticos”, y pide “a todos los medios de comunicación del mundo y a las organizaciones locales e internacionales de periodistas que denuncien el acoso al que se están viendo sometidos los periodistas colombianos y que se solidaricen con su causa”.
La plataforma, que agrupa a las organizaciones belgas que trabajan por los derechos humanos en Colombia, compara la situación de muchos periodistas colombianos con la de la periodista rusa Anna Politkoskaya, Premio Mundial a la Libertad de Prensa, quien denunciaba las violaciones a los derechos humanos que comete el ejército ruso en Chechenia y fue “declarada portavoz de los terroristas chechenos, perseguida por las autoridades rusas y posteriormente asesinada”.
El juicio por calumnia e injuria contra el sociólogo, escritor y periodista Alfredo Molano es un atentado a la libre expresión, declaró el 14 de julio el senador del Polo Democrático Alternativo Jorge Enrique Robledo.
El senador opositor destacó a Molano como "un modelo de periodismo crítico, a la vez analítico y ameno", le expresó su más viva solidaridad y lo instó a no inclinarse ante quienes pretenden hacer de Colombia el reino del oscurantismo y la Inquisición, informó la oficina de prensa de Robledo.
"El juicio a Molano", precisó Robledo, "pone al desnudo una vez más que en el país se ha puesto en marcha una ofensiva contra los periodistas opositores, a quienes se les quiere coartar el derecho a la crítica y a la libre expresión".
"Molano es un profundo conocedor de la realidad nacional", concluyó el senador del Polo, "atento siempre a los problemas de las regiones olvidadas", a las "que ha recorrido muchas veces recogiendo las historias orales y buscando que sea el mismo pueblo quien dé cuenta de sus complejas realidades".
Nuevamente, por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, fue aplazada la audiencia final de juzgamiento en el proceso penal contra el escritor, sociólogo y periodista Alfredo Molano Bravo, demandado por calumnia e injuria por la columna de opinión Araújos et al.
Los demandantes, cuatro jóvenes miembros de la familia Araújo del departamento del Cesar, solicitaron ya con anterioridad la suspensión de la audiencia final de juzgamiento, y en otra ocasión lo hizo la Fiscalía.
Ambos pedidos tuvieron lugar en el arco de tiempo durante el cual dos de los más conocidos miembros del clan Araújo estuvieron acusados por la Fiscalía de supuesto secuestro extorsivo agravado.
Adicionalmente, el Fiscal General Mario Iguarán culmina su gestión el último día de julio. Algunos abogados han comentado a TODOS SOMOS MOLANO que en los meses recientes se multiplican los pedidos de la Fiscalía para suspender audiencias definitorias, sobre todo en los casos más comprometedores o llamativos. En otras palabras, la Fiscalía estaría en interinidad.
El Fiscal colombiano es elegido por la Corte Suprema de Justicia, de una terna enviada por el Presidente de la República. La Sala Plena de la Corte realizó el pasado 9 de julio la primera sesión de evaluación de los tres candidatos propuestos por el presidente Álvaro Uribe. La próxima está programada para el jueves 23 de julio.
Por primera vez, y a propuesta del pool de organizaciones no gubernamentales "Elección Visible - Fiscal General", la Corte aceptó que dichas sesiones se transmitan en directo por televisión.
La Sala Plena también fijó los parámetros que deben cumplir los candidatos al cargo: ser jurista con profundos conocimientos en las ramas del derecho y con experiencia, conocimientos y un compromiso con alto criterio del cumplimiento de la política criminal del Estado.
Las opiniones están divididas en cuanto a la calidad de los ternados, pero otro grupo de juristas y organizaciones no gubernamentales apuntaron la víspera de la primera sesión con los candidatos que el presidente Uribe está impedido para proponer Fiscal General, debido a que tiene un "interés particular y concreto" de su parte en el próximo jefe del sistema penal acusatorio.
Entre otros, argumentan el impedimento en las siguientes realidades:
• Las revelaciones de paramilitares que incriminan al presidente Álvaro Uribe y que aún no han sido esclarecidas por la Justicia.
• Las relaciones del presidente con los políticos investigados por paramilitarismo, la mayoría integrantes de las filas oficialistas. Decenas de investigaciones están en proceso, a cargo de la Fiscalía.
• La compra-venta de votos en el parlamento para conseguir la reforma constitucional que permitió la reelección presidencial en 2006. Los funcionarios implicados en el delito de cohecho deben ser investigados y acusados por la Fiscalía.
• Las acciones de sabotaje y espionaje ilegal adelantadas por la principal central de inteligencia colombiana DAS durante las administraciones de Uribe, y que el próximo Fiscal General tendrá que investigar.
Estos argumentos fueron planteados en sendos derechos de petición que el mencionado segundo grupo de organizaciones y juristas radicaron ante la Corte Suprema y ante Presidencia.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Declaración Universal de los Derechos Humanos
Adoptada y proclamada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948
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