La Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER) acompañó al representante a la Cámara Roy Barreras en la radicación, el pasado 2 de septiembre, de un proyecto de ley que eliminaría la pena de prisión para los delitos de injuria y calumnia, conocidos como “delitos de prensa”.
El proyecto apunta también a una disminución en las multas, acordes con el Código Penal. La sanción pecuniaria quedaría como sanción principal.
FECOLPER y el parlamentario Barreras están citando el jueves 25 de septiembre en el recinto del Senado del Capitolio Nacional al foro “El derecho a la libertad de expresión: entre la penalización y el periodismo responsable”.
Durante la redacción del proyecto de ley, cuyo primer debate se dará en la Comisión Primera (Constitucional) de la Cámara de Representantes, FECOLPER y el Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas, Ceso-FIP, presentaron sus observaciones y aportaron jurisprudencia nacional e internacional sobre el tema, además de los conceptos de la exitosa campaña mundial que adelanta la Federación Internacional de Periodistas por la despenalización de los delitos de prensa.
El Artículo 1º del proyecto quedó de la siguiente manera: "El objeto de la presente ley es derogar las sanciones penales consistentes en pena privativa de la libertad para los delitos de injuria y calumnia, estableciendo como pena principal para estos delitos la sanción pecuniaria de multa, articulando así los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de la pena frente al bien jurídico tutelado y atendiendo las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Europea de Derechos Humanos, que buscan nivelar el derecho a la libre expresión con el derecho a la honra contenido en la garantía constitucional y por demás fundamental de la dignidad humana".
En el Código Penal, la calumnia tiene una pena de prisión de 1 a 4 años y multa de 13.33 a 1.500 salarios mínimos legales, mensuales vigentes, esto es: desde col$6'151.795 (unos tres mil dólares) hasta col$692'250.000 (unos 336.183 dólares). Para el delito de injuria, la multa es la misma, pero tiene pena de uno 1 a 3 años.
De aprobarse el proyecto de ley radicado, además de eliminar la pena de prisión, la multa se determinará según lo establecido en el artículo 39 del Código Penal: la pena se gradúa de acuerdo a los ingresos promedio percibidos por el responsable del delito durante el último año. La cuantía la determina el juez, teniendo en cuenta el daño causado, la intensidad de la culpabilidad, la situación económica del condenado y otras circunstancias que indiquen su posibilidad de pago.
"Para FECOLPER y Ceso-FIP, el proyecto de ley radicado por el Representante Barreras es el primer peldaño hacia la despenalización total de los llamados delitos de prensa, como ha sucedido en la mayoría de Estados democráticos", declaró Eduardo Márquez, presidente de FECOLPER y director del Ceso-FIP.
FECOLPER representa a más de 1.100 periodistas en 19 departamentos de Colombia.
"Lo que ofrecemos a la sociedad, como organización nacional, es un serio trabajo de autorregulación a través de los Comités de Ética de nuestras 24 organizaciones afiliadas, y con la puesta en funcionamiento de nuestro Comité Nacional, como segunda instancia. De esta manera serán atendidos los reclamos de ciudadanos que consideren sus derechos violados por una información emitida", agregó Márquez.
El periodista y dirigente gremial destacó que, si el proyecto se convierte en ley, le dará un duro golpe a la práctica del llamado "acoso judicial", pues los periodistas ya no tendrán el temor de la prisión al hacer denuncias que afectan intereses de individuos o grupos de poder.
Márquez hizo un llamado a todos los afiliados a FECOLPER para que adelanten un trabajo de análisis con los parlamentarios representantes de las regiones donde la organización tiene presencia, para que el proyecto de ley tenga un carácter político pluripartidista y ciudadano.
Para entrar al foro “El derecho a la libertad de expresión: entre la penalización y el periodismo responsable”, el jueves 25 de septiembre de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., se debe confirmar previamente la participación al teléfono de FECOLPER (1) 2433230 o al email contactenos[arroba]fipcolombia.com.
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2 comentarios:
Por el derecho al buen nombre…deberían demandar a las familias.
Edna Yiced Martínez
Después de participar en un interesante debate organizado por el Centro de investigaciones Sociojurídicas (Cijus) de la Universidad de los Andes y el periódico El Espectador sobre la libre expresión y la opinión, y los delitos de injuria y calumnia, hay algunos elementos que me gustaría resaltar.
En el debate se expuso un proyecto de ley que está cursando en el congreso para despenalizar la injuria y la calumnia a la luz de una serie de demandas que han venido enfrentando algunos periodistas, entre ellos Alfredo Molano por resaltar y ponerle notables a algunas de las no más sanas costumbres sociales políticas y económicas del Caribe colombiano, y Pascual Gaviria por exponer lo que ha su juicio fueron sido los elementos más sobresalientes de la administración de Luís Pérez durante su paso por la alcaldía de Medellín.
Al debate asistió también el ponente de proyecto quien expuso el peligro que significaba para un país como Colombia penalizar la opinión, y exaltó la necesidad de permitir que todos, desde periodistas, políticos, funcionarios públicos, calumniadores e injuriosos profesionales tuvieran la posibilidad de expresar sus opiniones libremente. Y la relatora especial para la libertad de expresión de la OEA quien expuso y enfocó sobre la obligación que tiene la sociedad, y en particular los y las periodistas de velar, informar y opinar sobre las acciones de los funcionarios públicos, así como la necesidad de crear un mecanismo que no sea el penal para sancionar la calumnia si se demuestra que la información es falsa, y que el o la periodista tenía conocimiento de dicha falsedad.
Hasta ahí el debate era algo endogámico; el escenario parecía bastante sintonizado con los argumentos sobre la supremacía de los derechos y la necesidad de proteger la libertad de prensa y opinión frente a un derecho algo difuso como es la honra y el buen nombre. Además los organizadores reconocieron que faltaba la otra cara porque desafortunadamente no había sido posible convocar a los opositores del proyecto de ley.
Eso me hacía presumir que el tiempo posterior a las exposiciones se referiría más a cuestiones aclaratorias o técnicas. ¡Pero no! En una de las últimas hileras del auditorio, con un traje oscuro, una lapton de donde leía apartes de la columna de Molano, y un tono de voz tembloroso pero decidido, uno de los demandantes contra Alfredo Molano, un joven miembro de la familia Araujo, haciendo gala de su formación como jurista expuso las razones por las que él y sus parientes habían hecho uso del recurso penal para hacer valer derechos que consagra la Constitución, como los derechos a la intimidad personal y familiar y el buen nombre. Dijo que no se puede estigmatizar a toda una familia, sus antecesores y sus descendientes por los posibles delitos cometidos por sus familiares, tres para ser exactos, quienes están siendo investigados, y que debe ser la justicia quien dicte sentencia, y, según su tesis, un periodista no tiene derecho a desprestigiar el buen nombre de esa familia.
Aunque comparto con el auditorio el reconocimiento que se le hizo por la valentía de presentarse, y por la forma en la que expuso sus argumentos, desde mi punto de vista lo que le sobra de abogado a este miembro de la nueva generación de notables, le falta de historiador. Sin embargo, no hace falta ser historiador ni un juicioso estudioso del Caribe para entender las dinámicas de las relaciones de poder en esas regiones del país, regiones donde los Araujos en todas sus combinaciones, derivaciones y filiales han estado arraigados en el poder, y no siempre en sus más sanas y santas expresiones. Yo me pregunto ¿será que nadie le ha contando a este joven y juicioso estudiante el tipo de delitos de los que se acusa a sus familiares, o nadie le ha contado las formas en las que se consolidó el poder electoral de su familia, o la razones por las que se le exigió la renuncia de la cancillería a una de sus notables parientes, en donde hasta el gobierno entendió que era insostenible e impresentable ante la comunidad internacional una persona cuyos familiares están siendo acusados de delitos tan atroces como son el concierto para delinquir, paramilitarismo, secuestro y extorsión.
Si nadie le ha contado a este nuevo notable sería bueno que se leyera las columnas de Alfredo Molano que bastante sabe del Caribe colombiano, o que preguntara en las plazas, las tiendas o los parques de Valledupar lo que la gente desde siempre ha sabido sobre cómo funcionan las cosas en las tierras del Cacique de Upar, o en la fiscalía o los tribunales cuántos procesos y de qué índole están abiertos en contra de algunos miembros de su familia.
Por lo tanto, y aunque considero que son pocos los que en estas latitudes se preocupan por el buen nombre y la honra, así como son pocos los poseedores de buenos nombres y apellidos, porque, aunque son derechos constitucionales su génesis está en las relaciones de jerarquización y estratificación social de la colonia, si yo fuese miembro de alguna de las familias notables del caribe o del interior, o del occidente o del oriente del país, en vez de estar demandando a los cronistas, a los biógrafos, a los fotógrafos demandaría a los miembros de mi familia por sus vínculos no sanos, y las formas históricas en las que se han hecho notar, ya que son esas las que en realidad dañan cualquier nombre y apellido.
Al despenalizar la injuria y la calumnia, se le quita a los corruptos su mas importantante arma.
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